El Gobierno de Costa Rica corre en las últimas horas para intentar legalizar el método de fertilización in vitro (FIV) y no quedar como un Estado rebelde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante el berenjenal jurídico, político y religioso en que se ha convertido la discusión de un proyecto de ley, el presidente Luis Guillermo Solís ha optado por proponer legalizar esta técnica de fecundación por la vía del decreto ejecutivo. Lo ha hecho este jueves, solo seis horas antes de la audiencia de la Corte para revisar el cumplimiento de la condena que en diciembre del 2012 emitió contra Costa Rica.
Este país centroamericano, abanderado de los derechos humanos, está desobedeciendo el fallo de la Corte y Solís ha intentado mostrar un avance con un decreto que ni siquiera está en firme. Lo está consultando con equipo y otras entidades, con la promesa de tenerlo para firmar en menos de una semana. Lo plantean como “una muestra de buena fe”, dijo el director juírido gubernamental, Marvin Carvajal.
Los jueces de la Corte, reunidos en la tarde del jueves en su sede en la capital costarricense, lo han recibido como un buen paso para salir del incumplimiento, pero no está blindado. Diputados cristianos protestantes mantienen una guerra contra este procedimiento y aseguran que el Gobierno está abriéndose a algo muy malo: “una masacre embrionaria”, djo uno de ellos a la prensa local. Tampoco se descarta que el decreto de Solís resulte impugnado ante el mismo Tribunal Constitucional que en el año 2000 prohibió la aplicación de la FIV en Costa Rica.
Es un asunto de Estado, pero solo una parte de él quiere cumplir con la orden dictada por la Corte Interamericana y complacer a las parejas con problemas para concebir. Estas, ante la prohibición, han debido abstenerse de procrear, viajar a otros países o aplicarse técnicas de inseminación riesgosas que provocan embarazos múltiples y endebles, señaló el abogado Boris Molina durante la audiencia.
Un sector de los opositores a la FIV aduce que esta técnica obliga a desechar vida humana (embriones), critican que se podría aplicar en mujeres solteras o parejas homosexuales y no parecen preocupados por incumplir una condena internacional. Otro sector lamenta que el tema, igual que otros que mezclan religión con derechos humanos, haya acabado sirviendo de moneda de cambio en la política local. Otros lo que lamentan es no poder tener hijos en su propio país, a pesar de la condena de la Corte Interamericana y de una nueva demanda que presetó otro grupo de parejas.